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El último rey de España de la Casa de Habsburgo, Carlos II el Hechizado, debido a su enfermedad, no pudo dejar descendencia. Durante los años previos a su muerte —en noviembre de 1700— la cuestión sucesoria se convirtió en asunto internacional e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las distintas potencias europeas.
Para evitar la formación de un bloque hispano-alemán que ahogara a Francia, Luis XIV auspició el Primer Tratado de Partición, firmado en La Haya en 1698, a espaldas de España. Según este tratado, a José Fernando de Baviera se le adjudicaban los reinos peninsulares (exceptuando Guipúzcoa), Cerdeña, los Países Bajos españoles y las Indias, quedando el Milanesado para el archiduque Carlos y Nápoles, Sicilia, los presidios de Toscana y Finale y Guipúzcoa para el delfín de Francia, como compensación por su renuncia a la Corona hispánica.
La cuestión sucesoria se convirtió en una grave crisis política a partir de febrero de 1699 cuando se produjo la muerte prematura del candidato escogido por Carlos II, José Fernando de Baviera —de seis años de edad—, lo que llevó al Segundo Tratado de Partición, también a espaldas de España.
En conclusión, la elección de Felipe de Anjou se debió a que el gobierno español tenía como prioridad principal la conservación de la unidad de los territorios del Imperio español, y Luis XIV de Francia era en ese momento el monarca con mayor poder de Europa y, por ello, prácticamente el único capaz de poder llevar a cabo dicha tarea.
La apertura del Imperio español al comercio francés era uno de los grandes temores para las dos potencias marítimas de la época, Inglaterra y las Provincias Unidas, que sospechaban del interés de Francia en adueñarse del comercio español con América, siendo este uno de los motivos por el cual el 20 de enero de 1701 se firmó una alianza para realizar operaciones conjuntas contra Francia y dar su apoyo a las aspiraciones del segundo hijo del emperador Leopoldo I al trono español. Cuando se conocieron las concesiones hechas por Felipe V a la Compagnie de Guinée en la trata de esclavos —que coincidió con el reconocimiento por Luis XIV de Jacobo III Estuardo en sus aspiraciones al trono de Londres—, Inglaterra y las Provincias Unidas, promovieron la formación de una gran coalición antiborbónica. Así el 7 de septiembre de 1701 se firmó el Tratado de La Haya que dio nacimiento a la Gran Alianza, formada por Austria, Inglaterra, las Provincias Unidas de los Países Bajos, Prusia y la mayoría de los estados alemanes, que declaró la guerra a Luis XIV y a Felipe V en mayo de 1702. El Reino de Portugal y el Ducado de Saboya se unirían a la Gran Alianza en mayo de 1703.
Durante este período la nueva dinastía construyó una monarquía absoluta centralista y uniformista que puso fin a la monarquía compuesta de los Austrias de los dos siglos anteriores y aplicó políticas reformistas, parte de ellas inspiradas en los principios de la Ilustración en España, especialmente bajo los reinados de Fernando VI y de Carlos III.
El proceso de construcción del Estado absoluto y centralizado comenzó durante la Guerra de Sucesión Española en el que tuvieron un especial protagonismo los consejeros franceses que Luis XIV puso al lado de su nieto Felipe V. Un paso esencial lo constituyeron los "Decretos de Nueva Planta" que derogaron las "constituciones" e instituciones particulares de los Estados de la Corona de Aragón, aunque con ellos no se llegó a la completa homogeneización del territorio al subsistir las instituciones y leyes propias del Reino de Navarra y de las "Provincias Vascongadas".
Los territorios de la antigua Corona de Aragón tras su derrota en la Guerra de Sucesión Española tuvieron que pagar un impuesto —denominado "catastro" en Cataluña, "equivalente" en Valencia; "contribución única" en Aragón; "talla" en Mallorca— que era "equivalente" en cuantía a las diferentes "rentas provinciales" —impuestos sobre el consumo, que incluían la alcabala— que se cobraban en Castilla. Este impuesto no era el único que pagaban pues también se extendió a ellos lo que en Castilla se llamaban "rentas generales" —que eran los derechos de aduanas— y las "rentas estancadas" —que eran los monopolios estatales sobre la sal, el tabaco y el papel sellado—. La aplicación de esta llamada "Nueva Planta fiscal" significó un cambio radical para aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianos, porque desde la segunda década del siglo XVIII será la Corona quien los reciba y será la Corona quien decida en qué y dónde han de gastarse los dineros, mientras que durante la Monarquía de los Austrias revertían en sus propias tierras, para cubrir sus necesidades.
El objetivo era reforzar el papel del Estado en las colonias y conseguir más ingresos para la metrópoli. Se adoptaron medidas administrativas y comerciales. Las consecuencias fueron el incremento del control estatal, el aumento de los ingresos, pérdida de poder de los criollos, revueltas que anuncian las posteriores de independencia.
Las medidas administrativas fueron:
Las medidas comerciales fueron:
Durante el reinado de Felipe V se crearon tres instituciones culturales de gran importancia que configuraron lo que el historiador Pedro Ruiz Torres ha llamado "nueva planta académica".
La primera fue la Real Biblioteca fundada en 1712 —se discute si por iniciativa de los jesuitas franceses del entorno de Felipe V o de Melchor de Macanaz— con la finalidad de custodiar las colecciones de libros de la Corona —en especial la biblioteca de la reina madre de Carlos II—y las que habían traído de Francia el propio Felipe V y sus consejeros franceses —a las que se añadió la muy rica biblioteca del arzobispo de Valencia, Folch de Cardona, exiliado austracista—.
La segunda institución, la Real Academia Española, tuvo mucho mayor trascendencia en la configuración del nuevo modelo cultural borbónico. Tuvo su origen en la tertulia literaria del felipista Marqués de Villena, que se constituyó de manera formal en 1713 con el objetivo de evitar la corrupción de la lengua castellana, y que recibió el título de "Real" y la aprobación del monarca al año siguiente, quien concedió a sus miembros el privilegio de «criados de la Casa Real» —esto hizo que "políticos, militares y cortesanos ocuparan la mayoría de las plazas"—. El proyecto más ambicioso que logró sacar adelante la Academia fue el Diccionario de Autoridades, cuyo primer volumen apareció en 1726 y el último en 1739. El diccionario se completó con la publicación en 1742 de un tratado de Ortografía, aunque muchos hombres de letras "no estaban conformes con las reglas dictadas... [y] siguieron durante muchos años su propia ortografía". "Pero, en este campo, la Academia fue inflexible, y un académico de la Historia, como Cerdá Rico, no fue aceptado en la de la Lengua por no seguir la ortografía impuesta por la docta institución". La Gramática tendría que esperar al reinado de Carlos III para ser publicada (1771).
El tercer pilar de la "nueva planta académica" fue la Real Academia de la Historia, nacida oficialmente en 1738 y cuyos miembros recibieron también el privilegio de «criados de la casa real». Su origen, como el de la Real Academia Española, fue una tertulia privada surgida hacia 1735 que se reunía en casa del abogado Julián de Hermosilla, en la que no se trataban únicamente cuestiones de historia, por lo que inicialmente se llamó Academia Universal, pero que pronto se orientó exclusivamente a la historia y geografía de España.
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El último rey de España de la Casa de Habsburgo, Carlos II el Hechizado, debido a su enfermedad, no pudo dejar descendencia. Durante los años previos a su muerte —en noviembre de 1700— la cuestión sucesoria se convirtió en asunto internacional e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las distintas potencias europeas.
Para evitar la formación de un bloque hispano-alemán que ahogara a Francia, Luis XIV auspició el Primer Tratado de Partición, firmado en La Haya en 1698, a espaldas de España. Según este tratado, a José Fernando de Baviera se le adjudicaban los reinos peninsulares (exceptuando Guipúzcoa), Cerdeña, los Países Bajos españoles y las Indias, quedando el Milanesado para el archiduque Carlos y Nápoles, Sicilia, los presidios de Toscana y Finale y Guipúzcoa para el delfín de Francia, como compensación por su renuncia a la Corona hispánica.
La cuestión sucesoria se convirtió en una grave crisis política a partir de febrero de 1699 cuando se produjo la muerte prematura del candidato escogido por Carlos II, José Fernando de Baviera —de seis años de edad—, lo que llevó al Segundo Tratado de Partición, también a espaldas de España.
En conclusión, la elección de Felipe de Anjou se debió a que el gobierno español tenía como prioridad principal la conservación de la unidad de los territorios del Imperio español, y Luis XIV de Francia era en ese momento el monarca con mayor poder de Europa y, por ello, prácticamente el único capaz de poder llevar a cabo dicha tarea.
La apertura del Imperio español al comercio francés era uno de los grandes temores para las dos potencias marítimas de la época, Inglaterra y las Provincias Unidas, que sospechaban del interés de Francia en adueñarse del comercio español con América, siendo este uno de los motivos por el cual el 20 de enero de 1701 se firmó una alianza para realizar operaciones conjuntas contra Francia y dar su apoyo a las aspiraciones del segundo hijo del emperador Leopoldo I al trono español. Cuando se conocieron las concesiones hechas por Felipe V a la Compagnie de Guinée en la trata de esclavos —que coincidió con el reconocimiento por Luis XIV de Jacobo III Estuardo en sus aspiraciones al trono de Londres—, Inglaterra y las Provincias Unidas, promovieron la formación de una gran coalición antiborbónica. Así el 7 de septiembre de 1701 se firmó el Tratado de La Haya que dio nacimiento a la Gran Alianza, formada por Austria, Inglaterra, las Provincias Unidas de los Países Bajos, Prusia y la mayoría de los estados alemanes, que declaró la guerra a Luis XIV y a Felipe V en mayo de 1702. El Reino de Portugal y el Ducado de Saboya se unirían a la Gran Alianza en mayo de 1703.
Durante este período la nueva dinastía construyó una monarquía absoluta centralista y uniformista que puso fin a la monarquía compuesta de los Austrias de los dos siglos anteriores y aplicó políticas reformistas, parte de ellas inspiradas en los principios de la Ilustración en España, especialmente bajo los reinados de Fernando VI y de Carlos III.
El proceso de construcción del Estado absoluto y centralizado comenzó durante la Guerra de Sucesión Española en el que tuvieron un especial protagonismo los consejeros franceses que Luis XIV puso al lado de su nieto Felipe V. Un paso esencial lo constituyeron los "Decretos de Nueva Planta" que derogaron las "constituciones" e instituciones particulares de los Estados de la Corona de Aragón, aunque con ellos no se llegó a la completa homogeneización del territorio al subsistir las instituciones y leyes propias del Reino de Navarra y de las "Provincias Vascongadas".
Los territorios de la antigua Corona de Aragón tras su derrota en la Guerra de Sucesión Española tuvieron que pagar un impuesto —denominado "catastro" en Cataluña, "equivalente" en Valencia; "contribución única" en Aragón; "talla" en Mallorca— que era "equivalente" en cuantía a las diferentes "rentas provinciales" —impuestos sobre el consumo, que incluían la alcabala— que se cobraban en Castilla. Este impuesto no era el único que pagaban pues también se extendió a ellos lo que en Castilla se llamaban "rentas generales" —que eran los derechos de aduanas— y las "rentas estancadas" —que eran los monopolios estatales sobre la sal, el tabaco y el papel sellado—. La aplicación de esta llamada "Nueva Planta fiscal" significó un cambio radical para aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianos, porque desde la segunda década del siglo XVIII será la Corona quien los reciba y será la Corona quien decida en qué y dónde han de gastarse los dineros, mientras que durante la Monarquía de los Austrias revertían en sus propias tierras, para cubrir sus necesidades.
El objetivo era reforzar el papel del Estado en las colonias y conseguir más ingresos para la metrópoli. Se adoptaron medidas administrativas y comerciales. Las consecuencias fueron el incremento del control estatal, el aumento de los ingresos, pérdida de poder de los criollos, revueltas que anuncian las posteriores de independencia.
Las medidas administrativas fueron:
Las medidas comerciales fueron:
Durante el reinado de Felipe V se crearon tres instituciones culturales de gran importancia que configuraron lo que el historiador Pedro Ruiz Torres ha llamado "nueva planta académica".
La primera fue la Real Biblioteca fundada en 1712 —se discute si por iniciativa de los jesuitas franceses del entorno de Felipe V o de Melchor de Macanaz— con la finalidad de custodiar las colecciones de libros de la Corona —en especial la biblioteca de la reina madre de Carlos II—y las que habían traído de Francia el propio Felipe V y sus consejeros franceses —a las que se añadió la muy rica biblioteca del arzobispo de Valencia, Folch de Cardona, exiliado austracista—.
La segunda institución, la Real Academia Española, tuvo mucho mayor trascendencia en la configuración del nuevo modelo cultural borbónico. Tuvo su origen en la tertulia literaria del felipista Marqués de Villena, que se constituyó de manera formal en 1713 con el objetivo de evitar la corrupción de la lengua castellana, y que recibió el título de "Real" y la aprobación del monarca al año siguiente, quien concedió a sus miembros el privilegio de «criados de la Casa Real» —esto hizo que "políticos, militares y cortesanos ocuparan la mayoría de las plazas"—. El proyecto más ambicioso que logró sacar adelante la Academia fue el Diccionario de Autoridades, cuyo primer volumen apareció en 1726 y el último en 1739. El diccionario se completó con la publicación en 1742 de un tratado de Ortografía, aunque muchos hombres de letras "no estaban conformes con las reglas dictadas... [y] siguieron durante muchos años su propia ortografía". "Pero, en este campo, la Academia fue inflexible, y un académico de la Historia, como Cerdá Rico, no fue aceptado en la de la Lengua por no seguir la ortografía impuesta por la docta institución". La Gramática tendría que esperar al reinado de Carlos III para ser publicada (1771).
El tercer pilar de la "nueva planta académica" fue la Real Academia de la Historia, nacida oficialmente en 1738 y cuyos miembros recibieron también el privilegio de «criados de la casa real». Su origen, como el de la Real Academia Española, fue una tertulia privada surgida hacia 1735 que se reunía en casa del abogado Julián de Hermosilla, en la que no se trataban únicamente cuestiones de historia, por lo que inicialmente se llamó Academia Universal, pero que pronto se orientó exclusivamente a la historia y geografía de España.
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