Como parte de la Transición Española hacia la democracia, la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, supuso la proclamación como Rey de Juan Carlos I, y poco después (en julio de 1976) la formación de un Gobierno presidido por Adolfo Suárez González, y designado según la legislación vigente. El Gobierno envió a las Cortes, en octubre de 1976, un proyecto de Ley para la Reforma política.Esta Ley para la Reforma política venía a suponer una notable alteración de las leyes fundamentales, sin introducir ella misma un sistema democrático-constitucional pero haciendo posible la creación de éste. La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es el eje del sistema político. En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres mayores de 18 años), de los representantes del pueblo soberano en las Cortes. Ejercen el poder legislativo entre las dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, eligen al Presidente del Gobierno y controlan la acción del poder ejecutivo.La Constitución de 1978 rompe una tradición centralista iniciada en 1700 por Felipe V. Como intento de solución al problema regional y a las reivindicaciones de los grupos nacionalistas vasco y catalán, sin olvidar los minoritarios nacionalismos gallego, aragonés, valenciano y andaluz, se crea un nuevo modelo de Estado descentralizado, en el cual cada región se convierte en una Comunidad Autónoma con autogobierno, parlamento autonómico, tribunales de ámbito regional y un Estatuto de Autonomía que establece el modelo y las competencias que puede asumir.La Carta Magna establecía dos posibilidades de autonomía. Las nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, seguirían una vía rápida y con mayores competencias (aplicación del artículo 151). Andalucía también consiguió el título de nacionalidad histórica, gracias a que así lo solicitaron la mayoría de sus ayuntamientos y fue ratificado en referéndum el 28 de febrero de 1980.
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