La Ley de Obediencia Debida n.? 23.521 fue una disposici?n legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Ra?l Alfons?n, que estableci? una presunci?n iuris et de iure (es decir, que no admit?a prueba en contrario, aunque si habilitaba un recurso de apelaci?n a la Corte Suprema respecto a los alcances de la ley) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado y el dictadura militar no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" (concepto militar seg?n el cual los subordinados se limitan a obedecer las ?rdenes emanadas de sus superiores).Esta norma parecer?a haberse dictado luego de los levantamientos "carapintadas", por iniciativa del gobierno de Alfons?n, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ej?rcito Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de muchos de los imputados en causas penales del llamado terrorismo de Estado que no hab?an sido condenados hasta el momento. Sin embargo hab?a sido anunciada con anterioridad a los levantamientos carapintadas; en marzo de 1987 por el propio Alfons?n en un discurso p?blico en la localidad de Las Perdices, C?rdoba y ya durante la campa?a de 1983 en la cual Alfons?n insist?a con la necesidad de reconocer que las Fuerzas Armadas se fundaban en la regla de ?obediencia debida? y que exist?an ?tres niveles de responsabilidad?; por otro lado los juicios por terrorismo de estado continuaron a lo largo de todo el gobierno de Alfons?n.Algunos de los beneficiados por la norma fueron el ex capit?n de fragata Alfredo Ignacio Astiz, el capitan de fragata Adolfo Donda y el general (R) Antonio Domingo Bussi, contra los cuales exist?an varias pruebas de la comisi?n de delitos de lesa humanidad.Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidos entre sus detractores como las leyes de impunidad.La ley 25.779, sancionada en 2003, finalmente declar? la nulidad a la ley de Obediencia Debida, la cual por su parte ya hab?a sido previamente derogada.
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