La desamortización supone la expropiación de los bienes civiles y sobre todo eclesiásticos por parte del Estado. Es un proceso largo que comienza en época de Godoy y finaliza en la primera mitad del siglo XX. Las desamortizaciones permitían al Estado la obtención de ingresos, y las más importantes fueron las llevadas a cabo por Carlos III, Juan Álvarez Mendizabal, Espartero y Pascual Madoz, afectado especialmente al territorio andaluz.

Uno de los fenómenos más característicos de la España del siglo XIX es el de las desamortizaciones. La desamortización suponía la expropiación por parte del Estado de bienes de particulares, tanto civiles como eclesiásticos, para su venta posterior. Con esta operación, el Estado conseguía ingresos extraordinarios, en una época de graves dificultades financieras. Fueron varios los gobiernos que llevaron a cabo este tipo de medidas, desde Carlos III hasta Madoz, pasando por Mendizábal, quien llevó a cabo la más conocida. La provincia en la cual se produjeron más ingresos con la desamortización de Mendizábal fue Sevilla, que aportó al Estado 400 millones de reales, a la que siguió Madrid, con 300 millones. Córdoba, Toledo, Salamanca, Zaragoza y Valencia aportaron a la Hacienda pública 200 millones de reales. La venta de bienes desamortizados produjo 100 millones de reales en las provincias de Cádiz, Jaén, Granada, las dos extremeñas, Zamora, Valladolid, Burgos y Barcelona. Ingresos de 50 millones se produjeron en Canarias, Murcia, Alicante, Baleares, Teruel o La Coruña, entre otras. En torno a los 10 millones aportó la desamortización en provincias como Almería, Ciudad Real, Soria y algunas de la cornisa cantábrica. Por último, el Estado ingresó 5 millones de reales en Pontevedra y Orense, y 1 millón en Guipúzcoa.

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